Según este organismo, la empresa promotora tendría que haber planteado un estudio integral de las necesidades de agua de todos los sectores a urbanizar que incluye el proyecto, especificando los usos previstos (abastecimiento, riego de espacios verdes, campos de golf) en vez de fraccionar las peticiones de concesión y limitar su solicitud a un solo uso: el agua para consumo.

La Confederación recuerda también que la Junta de Castilla y León rechazó la modificación puntual de las normas urbanísticas propuesta para construir la urbanización y mientras estos planes urbanísticos no estén aprobados no se puede solicitar concesión de agua.

Con esta denegación, actualmente la promotora de la macrourbanización no tiene ningún derecho de aprovechamiento de aguas, ni superficiales ni subterráneas.